el ajuste sobre los jubilados y sus lecciones históricas

En un contexto económico complejo, el gobierno actual ha tomado una decisión que despierta alarma y genera una profunda reflexión: la eliminación de los medicamentos gratuitos para los jubilados afiliados al PAMI. Esta medida no solo afecta de manera directa a una de las poblaciones más vulnerables, sino que también plantea una preocupante continuidad con las políticas de ajuste aplicadas en otros momentos críticos de nuestra historia reciente.

En este sentido, es imposible no recordar las medidas tomadas por Patricia Bullrich en 2001 como ministra de Trabajo durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Aquella época estuvo marcada por recortes a los haberes jubilatorios bajo el argumento de equilibrar las cuentas públicas. La narrativa de “sacrificios necesarios” no solo generó un profundo malestar social, sino que también desnudó una contradicción moral y política: mientras se exigía austeridad a los jubilados, otros sectores privilegiados mantenían sus beneficios intactos.

La enseñanza de Néstor Kirchner: “No se puede ser audaz con los jubilados”

Frente a estas decisiones, resuena con fuerza la frase del expresidente Néstor Kirchner: “No se puede ser audaz con los jubilados. ¿Cómo es eso de ser fuerte con los débiles y débil con los poderosos?”. Esta afirmación no solo constituye una denuncia de las injusticias del ajuste, sino también una guía ética para la formulación de políticas públicas. Los jubilados representan un sector de la sociedad que ya ha contribuido durante toda su vida activa y que, en su vejez, depende del Estado para garantizar una vida digna. Golpearlos con recortes no es solo injusto; es también una demostración de cómo el ajuste recae sistemáticamente sobre quienes menos capacidad tienen de defenderse.

La relación entre los medicamentos y el presupuesto del ANSES

La decisión de eliminar los medicamentos gratuitos para los jubilados también debe analizarse en el marco de las políticas fiscales recientes. Uno de los puntos clave fue la eliminación del Impuesto PAÍS en el presupuesto del ANSES. Este impuesto había sido una herramienta para financiar, entre otras cosas, los programas de seguridad social. Al eliminar esa fuente de ingresos, se generó un vacío financiero que ahora se busca compensar con recortes en las prestaciones, afectando a los más vulnerables.

Este esquema es un ejemplo claro de cómo las decisiones fiscales pueden tener un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos. La pregunta es inevitable: ¿en qué momento se decidió priorizar la reducción de impuestos que benefician a sectores específicos por sobre la garantía de derechos básicos para los jubilados? Este tipo de decisiones no solo refleja prioridades políticas cuestionables, sino también una desconexión con las realidades de quienes dependen del Estado.

La eficiencia sobre la eficacia: un dilema técnico con consecuencias políticas

El enfoque de los equipos técnicos del gobierno parece estar priorizando el valor de la eficiencia sobre la eficacia del Estado. Esta perspectiva, que busca optimizar recursos a corto plazo, tiende a ignorar las complejidades y las demandas reales de la ciudadanía. En términos prácticos, priorizar la eficiencia significa reducir costos y alcanzar metas financieras inmediatas, pero a menudo a expensas de la capacidad estatal para garantizar derechos y servicios esenciales.

Cuando se adoptan enfoques excesivamente eficientistas, el Estado sale perjudicado en sus capacidades. Esto se traduce en un debilitamiento de su capacidad operativa, su legitimidad y su rol como garante de derechos. En el caso del ajuste a los medicamentos del PAMI, esta lógica de eficiencia ha llevado a sacrificar un programa fundamental para la salud de los jubilados, poniendo en riesgo no solo su bienestar, sino también la confianza de la sociedad en la capacidad del Estado para proteger a los más vulnerables.

Una mirada hacia adelante

La historia nos ha demostrado que cargar el peso del ajuste sobre los jubilados no solo es injusto, sino también ineficaz. Las políticas de ajuste que golpean a los más vulnerables tienden a profundizar las desigualdades y a generar tensiones sociales que, tarde o temprano, terminan erosionando la legitimidad de los gobiernos que las implementan.

En lugar de replicar recetas fallidas, es imperativo que repensemos las prioridades presupuestarias y fiscales desde una perspectiva que ponga a las personas en el centro. Ser fuerte con los débiles no es fortaleza; es fragilidad moral disfrazada de realismo económico. Los jubilados merecen algo mejor, y como sociedad, estamos obligados a exigirlo.