En Córdoba, como en buena parte de la Argentina, la política vive una paradoja: mientras se exige que funcione como la usina de representación y de construcción colectiva de intereses, se le niega el financiamiento necesario para sostener sus propias estructuras. Partidos, equipos técnicos, usinas de ideas, espacios de formación… todo eso que debería darle densidad a la vida democrática se encuentra crónicamente desfinanciado.

En ese vacío aparecen los lobbies empresariales. No solo ocupan el lugar de las instituciones políticas, sino que además colonizan la agenda pública con su propio lenguaje y sus prioridades. En las legislaturas provinciales, lo que debería ser un espacio de debate abierto de proyectos colectivos termina reduciéndose a una carta de menú, en la que se votan opciones empujadas por las élites locales al mejor postor.

Córdoba ofrece un caso particular de lo que Philippe Schmitter describía como “neocorporativismo”, pero con un giro neoliberal: aquí no son los trabajadores los que se sientan a la mesa de negociación y representación, sino las corporaciones empresariales. Las cámaras de comercio, los colegios profesionales y sobre todo la Bolsa y la Fundación Mediterránea han terminado constituyéndose como los verdaderos actores de legitimación y presión en las decisiones públicas. La política, desfinanciada, se ve forzada a competir con ellos en el mismo terreno de los recursos.

La consecuencia es doble: por un lado, partidos y dirigentes sin capital propio, sin capacidad de sostener estructuras territoriales, digitales o programáticas. Por otro, una representación popular que se vuelve cada vez más dependiente de mecanismos precarios y clientelares. En Córdoba se traduce en una lógica que todos conocen: “pagale con un cargo”.

Ese cargo —que en la letra de la ley pertenece a la persona nombrada— funciona en la práctica como moneda de cambio entre los dirigentes y su militancia. A veces implica repartir sueldos entre referentes barriales; otras, designar “ñoquis” que cobran sin trabajar. No se trata solo de Córdoba: en el Congreso Nacional se han conocido casos de asesores fantasma que cobraban para “firmar y viajar” a Buenos Aires, con viáticos y obra social incluidos, pero «devolviendo el sueldo al dirigente» osea, sin cobrar todo.

El problema no es anecdótico: cuando la política carece de recursos propios, se empobrece como institución y se vuelve rehén de dos dependencias simultáneas. Depende de las élites económicas para diseñar políticas públicas y depende de la asignación de cargos estatales para sostener la militancia. En un contexto de precarización social y de inflación de costos de vida, esa fragilidad se intensifica.

El resultado es una política que sobrevive, pero sin capacidad de disputar sentidos, hegemonía o proyectos de largo plazo. Una política que pierde autonomía y se reduce a gestionar las tensiones de corto plazo entre la asistencia social y la presión de los lobbies. En definitiva, una democracia cada vez más empobrecida. ¿Cómo puede ser que la verduleria del barrio tenga más horarios abiertos que las sedes partidarias? Porque la política no puede sostener sus funciones burocráticas, porque está desfinanciada, y a demás decidió ser una política de puertas cerradas.

A demás los cargos en la administración pública no deberian ser políticos unicamente sino principalmente tecnicos como lo sostiene Weber para tener una burocracia profesional. Gran parte de los problema de nuestro Estado son las bajas capacidades estatales, la falta de efectividada del estado y la incompleta implantación de la burocacia profesional que rapidamente fue «mejorada» con el managerialismo. Ya no podemos seguir admitiendo que la unica forma de ingresar a la burocracia sea por intercambio de favores. Esto también es una consecuencia del desfinanciamiento de la política.

Hay un doble discurso: reducciones de salarios de cara a la opinión pública, pero captación de recursos por detras. Esto redunda en el detrimento de los cuadros políticos y de los cuadros técnicos medios y rasos. Porque solo algunos dirigentes tienen la confianza de la minoría que conduce para ingresar en esos esquemas sincréticos de distribución de recursos. A demás es un peligro democrático, porque el partido en el poder, con la facción diregencial que lo controla, se encuentra en un posición diferencial de poder que los eleva por sobre los partidos y ciudadanos que representan otras opciones.

Dirigentes sostienidos por la estructura y a la vez condicionados, a no oponerse ni revelar estos esquemas, y pasantes explotados realizando el trabajo de varias personas en horarios que exceden lo permitido por las leyes laborales incluso en tiempos donde no hay campaña, en la administración pública, lo cual no debería ocurrir. A demás del esquema del que hablamos cuando mencionamos el cursus Honorum Cordobes.

Esto va más alla de los desequilibrios propios de contar con el aparato estatal, para jugar en la cancha con políticas públicas y benficiar con ventaja al electorado para captar el voto.

Son esquemas que no deberían existir. España por ejemplo, prohibe en su constitución todo agrupamiento secreto sobre la política y todas las asociaciones deben ser inscriptas. Estan prohibidas las sociedades secretas.

¿Vos que pensas, en Cordoba, tenemos «sociedades secretas»?