En Córdoba, ser joven, universitario y profesional de las ciencias sociales no alcanza. Y no porque falte vocación, ni por falta de oportunidades en abstracto, sino porque el sistema político provincial —y municipal— ha institucionalizado una forma de inserción laboral que perpetúa la precariedad bajo el disfraz de formación y compromiso.

Hablamos de pasantías. De becas. De “oportunidades” laborales que, lejos de brindar estabilidad o una remuneración digna, consolidan una lógica de dependencia y explotación. En política, se sabe, el trabajo no termina nunca: no tiene horarios definidos, ni pausas, ni reconocimiento formal. Sin embargo, en Córdoba, con más de 25 años de oficialismo continuo, se ha edificado una verdadera máquina de absorber a jóvenes formados en Sociología, Ciencia Política, Comunicación, Trabajo Social y carreras afines, para ponerlos a disposición del engranaje estatal sin garantía de derechos laborales básicos.

Esto no es nuevo. Pero lo que sí es preocupante es que ya se ha convertido en una especie de “cursus honorum” provincial, una escalera de méritos políticos donde los méritos no se miden por capacidad, sino por permanencia, lealtad y disponibilidad absoluta. El camino está claro: primero pasante. Después, con suerte, contrato. Finalmente, si el viento político acompaña, planta permanente. ¿Cuánto tiempo puede tomar ese recorrido? Años. A veces, una década. Y muchas veces no llega nunca.

Mientras tanto, los sueldos disfrazados de becas rara vez superan el salario mínimo. Los jóvenes —en su mayoría entre 17 y 35 años— quedan atrapados en una doble dependencia: económica, porque no les alcanza para vivir; y política, porque su continuidad depende enteramente del favor de un dirigente. Para seguir trabajando, deben invertir en su propia herramienta de trabajo: el celular, la tablet, la ropa, la computadora, incluso una cámara de fotos. Porque en política hoy sos “pibe comodín”: servís para redes, para territorio, para hacer gráficos, para cargar datos o para armar un informe a las tres de la mañana. Todo eso por una “oportunidad”.

Esto no sólo es injusto con quienes se forman profesionalmente —pagando alquiler, transporte y estudios en universidades públicas o privadas— sino que también genera una distorsión profunda en el mercado de servicios profesionales. ¿Cómo cobra un consultor o un investigador cuando hay decenas de jóvenes trabajando gratis o por migajas en el Estado? ¿Qué tipo de experiencia se construye cuando se hace todo, todo el tiempo y sin descanso, pero sin estabilidad ni formación real?

Y lo peor es que esta lógica se replica fuera del Estado. El PPP (Programa Primer Paso) también legitima esta precariedad como “experiencia”. Pero, ¿experiencia a qué costo?

Lo que Córdoba ha naturalizado es un sistema de domesticación del trabajo profesional. Un modelo que disfraza de militancia lo que es, en realidad, precarización estructural. Un modelo que desalienta la excelencia, castiga la autonomía y premia la obediencia.

No se trata de estar en contra de la política. Todo lo contrario. Pero cuando hacer política implica aceptar condiciones laborales indignas, cuando ser parte exige precarizarse, cuando la única forma de “entrar” es callar y aguantar, entonces es hora de decirlo claro: este sistema está mal. Y nos está haciendo mal.